Hay una gran distancia entre lo que dicen los planes y lo que creen los candidatos, y también entre los planes y lo que se implementa al llegar al poder. Pero lo que declara un partido como plan también indica algo, y, sobre todo, es un punto de partida para el diálogo en torno a lo que queremos para nuestros estudiantes y para el Perú. ¿Cuáles son los temas que los partidos que aspiran a gobernar el país priorizan para la educación? ¿Cuáles son los puntos que generan mayor polarización o discrepancia?

La primera pregunta se puede empezar a responder con este cuadro, preparado a partir de las propuestas publicadas en el diario El Peruano. Nos muestra que algunos planes tienen una mirada más integral del sector y otros no tienen el tema educativo en agenda. De hecho, la mayoría de planes plantea una lista de propuestas sueltas sin visión ni norte claro. Solo cuatro planes enmarcan su propuesta en una visión para el sector. Juntos por el Perú (JPP) apuesta por la educación pública gratuita y de calidad como un derecho, mientras que Victoria Nacional (VN) pone énfasis en la educación para la ciudadanía y la convivencia en diversidad. El Partido Morado (PM) adopta como marco y visión la del Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, que debiera ser, en realidad, referente para todos. Fuerza Popular (FP) se enmarca en el Acuerdo Nacional.

En mi opinión, los planes que destacan en educación son los de PM, JPP, y Victoria Nacional (VN), en ese orden. El plan del PM es el único que plantea atender a la primera infancia desde el sector educación, y en general el que tiene la propuesta más completa para la educación básica en su conjunto. También tiene la propuesta más completa en el tema docente, porque plantea un conjunto de medidas para el bienestar y calidad docente (formación, carrera, condiciones laborales, buenas prácticas). Su principal debilidad está en la educación superior, en especial la universitaria, de la que dice muy poco. JPP tiene la propuesta de financiamiento más clara y decidida, con propuestas concretas respecto a las fuentes y descentralización de los recursos, y es el único plan que menciona la situación de docentes universitarios y universidades interculturales. Su apoyo claro a la Sunedu es muy importante. Su mayor debilidad está en lo docente, como veremos más adelante, y también en la ausencia de medidas concretas para la mejora de la calidad de la educación básica, más allá del mayor financiamiento. El plan de VN pone un énfasis interesante en la empleabilidad, con propuestas de articulación entre educación básica, formación técnica, competencias laborales y mercado laboral. También manifiesta apoyo a Sunedu, y plantea la única propuesta de trabajo con familias para la prevención del maltrato infantil y de la violencia doméstica. Estos son los únicos planes que proponen fortalecer la ciencia y la tecnología, con ideas que podrían integrarse en una política de CTI consensuada y más potente.

Pero sin costeos claros, es difícil estimar si las propuestas planeadas serán financiables, y nadie ofrece costos de sus propuesta, pero al menos algunos proponen incrementar el financiamiento del sector. JPP propone un "piso presupuestal" para no menor al 6% al PBI (alineado con el Acuerdo Nacional) y el PM plantea cubrir el costo de la canasta básica por estudiante por cada nivel, modalidad y modelo de atención (alineado con el actual PEN). Aunque sean metas muy ambiciosas, es indispensable avanzar hacia ellas con determinación y ambos planes aciertan en su apuesta. Además, son compatibles. Y aunque JPP es el único que plantea "eliminar las exoneraciones tributarias de las universidades privadas con fines de lucro", el PM menciona la eliminación o reducción significativa de los beneficios tributarios existentes en general. JPP y PM son los únicos que proponen una reforma institucional, restructurar el Minedu y fortalecer capacidades de los Gobiernos Regionales. JPP añade mayor descentralización del presupuesto para financiar programas regionales de cierre de brechas. Poco creíbles son las ofertas de AP y PL, que proponen un incremento al 10% del PBI.

Los planes más preocupantes son los de Acción Popular (AP), Podemos Perú y Perú Libre (PL). El plan de AP tiene apenas cuatro ideas: dos inviables ahora (estándares de la OECD e inversión del 10% del PBI), una es más de lo mismo (continuar con los COAR) y otra es tremendamente populista (becas para todas las edades en todos los niveles). El plan de Podemos preocupa por su dispersión y énfasis en iniciativas de traspaso de recursos públicos para beneficio de instituciones privadas sin especificar el marco institucional o regulatorio que asegure la calidad y pertinencia. El plan de PL es una propuesta centrada en el docente como sujeto de la educación, no en el estudiante, y amenaza las principales reformas del sector con propuestas del siglo pasado que no tienen sustento ni viabilidad. Finalmente, impacta la débil agenda educativa de Renovación Popular (RP) y Avanza País (AP).

El currículo, la política magisterial y la política universitaria son los tres temas más frecuentes y de mayor discrepancia. El tema más frecuente es el currículo. La tensión es entre los que apoyan el actual enfoque pero proponen diversificar y gestionar descentralizadamente (Juntos por el Perú, Frente Amplio y Partido Morado), y los que buscan una reforma curricular completa, aunque no dicen por qué. Detrás de esta reforma podría estar la amenaza de un retroceso hacia un enfoque tradicional por asignaturas (Perú Libre) o anti-igualdad de género (Avanza País, Alianza Para el Progreso). En el medio están los que plantean fortalecer aspectos curriculares (valores, ciudadanía, emprendimiento, nutrición), iniciativas sobre todo retóricas, pues ya están en el currículo y su fortalecimiento no pasa por otra reforma en papel.

El segundo tema más frecuente es el magisterial, donde hay dos tensiones: salarios y carrera. Por un lado, están los que plantean elevar el piso salarial: Partido Morado, Avanza País y Perú Libre lo hacen en sus planes generales (este último no sólo al magisterio activo sino también a los pensionistas), y JPP lo incluyó en su plan sectorial (no en el general). En el otro lado están los que se centran en la formación o la evaluación y ascensos, pero no proponen subir el sueldo base. Es una medida muy costosa para el Estado, y muy necesaria para el sector, ciertamente un parte-aguas.

Pero la mayor tensión en el tema docente gira en torno a la Carrera Magisterial. Mientras el PM propone mejorar la carrera docente "en favor de la meritocracia", JPP plantea que el 97% de docentes sea nombrado y nadie pueda ser despedido por mal desempeño aunque no mejore. Puede ser un error seguir usando la palabra “meritocracia” cuando lo central es velar por el compromiso con los estudiantes, que se refleja en el buen desempeño y buen trato. JPP acierta en señalar que la proporción de maestros contratados ha crecido demasiado y debe reducirse, esa es una tarea urgente y necesaria. Pero las plazas deben surgir de un análisis de necesidades y tendencias. Por otro lado, bajo la actual ley, la prioridad no es el despido de docentes, sino la mejora del desempeño y sobre todo la garantía del servicio al estudiante. En la evaluación de desempeño para el Nivel Inicial (2018), desaprobó apenas el 3%, y fue por: (1) negarse a la evaluación; (2) tener un puntaje total por debajo del mínimo; o (3) maltratar a los niños frente a la observadora. Como consecuencia, tendrán formación profesional y dos oportunidades más para mostrar un cambio en su desempeño, y si con eso aún desaprueban, pierden su plaza. JPP califica esto de punitivo y poco formativo. Propone eliminar el despido como consecuencia del persistente mal desempeño. No se considera a los estudiantes y lo que van a aprender (por ejemplo, que es normal ser maltratados y que el Estado no los defiende). Este es el principal, si no el único, error serio del plan de educación de JPP. No está solo. El FA también propone revisar y ajustar la Ley de Reforma Magisterial, y aunque no aclara cuáles serán estos ajustes, comparte los elementos diagnósticos de JPP. En el ala más radical está Perú Libre, que plantea derogar dicha ley y reponer a todos los maestros despedidos.

Finalmente, la reforma universitaria también es un punto de discrepancia, aunque los planes lo esquivan con sutileza. VN y JPP son los únicos que expresan un apoyo firme y explícito a la reforma universitaria y la autonomía de la Sunedu, mientras que APP busca abiertamente cambiar la Ley Universitaria. Podemos es ambiguo, pero al impulsar la acreditación internacional sin mencionar a la Sunedu, pareciera revelar su preferencia. El PM se enfoca en la transitabilidad entre niveles y subsistemas y equiparar modelos de licenciamiento, pero no hace mención a Sunedu, lo cual es un grave descuido. FP habla del Sineace pero no menciona a la Sunedu, lo que −por su historia− no parece un descuido y tampoco sorprende.

La pregunta que queda es ¿qué candidatos/as creen realmente en su plan de educación? En los debates educativos, se percibe que Verónika Mendoza maneja y está convencida de su propuesta educativa (aunque elige los puntos). En el PM, la vocera ha sido Flor Pablo, exministra, y ciertamente es una convencida. A los demás candidatos, pareciera faltarles convicción o solvencia al momento de exponer sus planes. Pero al final, el plan es solo un elemento de contraste de ideas y tampoco está escrito en piedra. Importa la credibilidad general de cada candidato o candidata y su entorno. Hay tiempo para precisar propuestas, definir posturas en temas clave, e incluso reconsiderar algunos puntos. Y algunos ya lo vienen haciendo.


[Foto: IPE]


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